El seminario «Delitos Ambientales Emergentes», realizado los días 25 y 26 de agosto de 2026, constituye un hito estratégico en la arquitectura de seguridad y conservación del Estado chileno. Esta instancia representa la consolidación de una alianza operativa entre la Policía de Investigaciones (PDI) y el Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile de la Universidad de Concepción.
En un escenario global donde las amenazas al ecosistema adquieren una sofisticación sin precedentes, la colaboración entre el brazo investigativo criminal y la vanguardia científica universitaria se vuelve indispensable para la seguridad nacional. Esta sinergia permite que la persecución penal trascienda la constatación superficial del daño, adentrándose en la complejidad técnica de la evidencia forense para proteger el patrimonio natural del país.
El evento reunió a investigadores e investigadoras de la Facultad de Ciencias Ambientales y Centro EULA-Chile de la Universidad de Concepción junto a los equipos de las Brigadas Investigadoras de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de Arica, Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco, Valdivia y Aysén.
Se articuló un programa riguroso que abordó desde la química y toxicología ambiental hasta el impacto de la nueva Ley 21.595. El seminario dejó en claro que la mutación del crimen ambiental contemporáneo exige una respuesta institucional unificada, superando la fragmentación histórica para enfrentar desafíos que ya no pueden ser resueltos únicamente desde los códigos legales.
El profesor titular de la Facultad de Ciencias Ambientales y Centro EULA-Chile de la UdeC, Dr. Ricardo Barra Ríos, enfatizó que la ciencia forense ambiental es la herramienta clave para aportar la evidencia analítica necesaria. A través de herramientas avanzadas, los científicos pueden identificar “huellas ambientales” en la escena del crimen, determinar el grado de afectación y distinguir de manera precisa quién es el responsable de la contaminación en zonas complejas donde confluyen múltiples fuentes e industrias.
Bajo la dirección de autoridades como la Prefecta Inspectora Claudia Chamorro Contreras, Jefa de la Región Policial del Biobío, y el Subprefecto Rodrigo Arévalo Romero, Jefe de la Bidema Concepción, el evento articuló un programa riguroso que abordó desde la química y toxicología ambiental hasta el impacto de la nueva Ley 21.595. El seminario dejó en claro que la mutación del crimen ambiental contemporáneo exige una respuesta institucional unificada, superando la fragmentación histórica para enfrentar desafíos que ya no pueden ser resueltos únicamente desde los códigos legales.
La relación entre la fiscalía, las fuerzas policiales y los centros científicos ha experimentado una evolución crítica: el conocimiento académico ha dejado de ser una consulta externa para convertirse en el ancla de la teoría del caso. Como describe la Fiscal Jefa Ana María Aldana, la transición de ser «solo abogados» a integrar la química y la biología en el análisis delictivo ha permitido responder interrogantes sobre la persistencia de contaminantes en agua, ganado y ecosistemas. Un ejemplo emblemático de esta integración fue la intervención del profesor Claudio Valdovinos de la Facultad de Ciencias Ambientales UdeC en la fiscalización de una sentencia judicial; la justicia no solo ordenó el cierre de un vertedero, sino que impuso como condición de cumplimiento que el Centro EULA actuara como entidad técnica independiente para verificar que la clausura se ajustara a los estándares científicos.
Para el Prefecto Patricio Rojas Carreño, Jefe Nacional de Delitos Contra el Medio Ambiente, este paradigma operativo es el único camino para garantizar el éxito judicial. Al apoyarse en el prestigio del Dr. Ricardo Barra y la Universidad de Concepción, la PDI robustece sus investigaciones con un soporte analítico que permite distinguir responsabilidades en escenarios industriales de alta complejidad.
Beneficios de la Ciencia Forense Ambiental:
- Atribución de responsabilidades: Herramientas técnicas para identificar culpables específicos en zonas de múltiples emisores.
- Distinción de fuentes: Capacidad para diferenciar entre contaminantes de diversas industrias en «zonas de sacrificio».
- Soporte analítico de alta precisión: Uso de instrumentos sofisticados para interpretar la «huella» química en la escena del crimen.
- Monitoreo de medidas correctivas: Fiscalización técnica e independiente de sentencias ambientales (ej. cierre de vertederos).
La promulgación de la Ley 21.595 de Delitos Económicos y Ambientales actúa, en términos del Prefecto Rojas, como un «anillo al dedo» para los investigadores. Esta normativa permite penetrar la opacidad de las estructuras corporativas para alcanzar las altas esferas directivas. La Fiscal Aldana destaca un punto de inflexión ético y legal: anteriormente, la responsabilidad solía recaer en el operario que abría una válvula, quien no recibía beneficios por dicha acción. Hoy, la ley apunta a quienes, motivados por incentivos económicos o bonos de gestión, toman las decisiones estratégicas que derivan en desastres ecológicos.
Este cuerpo legal ha unificado un sistema anteriormente disperso en leyes de pesca, caza o seguridad nuclear, integrándolas en un título específico del Código Penal. Este ordenamiento facilita una justicia más proporcional, permitiendo solicitar penas elevadas para quienes poseen el poder de decisión, logrando un efecto disuasivo real donde el costo de delinquir supera ampliamente el beneficio económico del ilícito.
Investigar un delito ambiental conlleva dificultades físicas extremas. A diferencia de un sitio del suceso urbano, la evidencia ambiental suele encontrarse en geografías remotas: en medio del mar, en alta montaña o en esteros de zonas rurales de difícil acceso. La toma de muestras debe ser inmediata, antes de que el agente contaminante se disipe o se degrade por factores naturales.
El Jefe Nacional de Delitos Contra el Medio Ambiente, Prefecto Patricio Rojas Carreño, se refirió a las barreras críticas, como, por ejemplo, el desafío de trasladar laboratorios y peritos a puntos distantes (más allá de los 3 km de un centro urbano) para recolectar evidencia fidedigna. Así como también la dificultad técnica de probar la omisión o la voluntad criminal dentro de una cadena de mando empresarial. Por otra parte, la exigencia de los tribunales de justicia, que solo puede satisfacerse mediante el respaldo científico riguroso provisto por la academia. Los elevados estándares han sido apoyados por la Facultad de Ciencias Ambientales y el Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile de la Universidad de Concepción.
El crimen ambiental ha mutado hacia formas ligadas al crimen organizado y al lavado de activos. Un caso revelador es la sustracción de madera, que históricamente se investigaba como un simple robo. Bajo el nuevo paradigma, se persigue como una estructura delictiva «potente» que combina el delito base con lavado de activos y daño ambiental simultáneo, permitiendo una persecución penal mucho más robusta.
El seminario concluyó con una reflexión sobre el ideal preventivo de la justicia: el éxito del sistema no debe medirse por el número de condenas, sino por la capacidad de la ley para disuadir el daño antes de que ocurra. La alianza entre el «ADN» científico de la Universidad de Concepción y el rigor investigativo de la PDI garantiza que el Estado cuente con herramientas de precisión para proteger el ecosistema.
Como síntesis de este compromiso institucional, el Prefecto Patricio Rojas Carreño sentenció, «la Policía de Investigaciones no puede hacer las cosas sola. Tenemos que buscar a nuestros aliados estratégicos y esta posibilidad que nos da la Universidad de Concepción permite generar esa alianza estratégica para el futuro de las generaciones y la vida medioambiental».
