“Como región, por cierto, nos falta prepararnos para estos eventos extremos. Tenemos una infraestructura civil del siglo XX —evacuaciones de aguas lluvias que tienen parámetros hidrológicos del siglo pasado, por ejemplo—, pero ahora tenemos desafíos del siglo XXI, entonces creo que hay que pensar en cómo adaptar nuestra infraestructura en torno a este nuevo escenario climático(.) Es cierto que estamos respondiendo a estas emergencias de una forma reactiva, pero la idea es que por medio de estos planes de acción se transforme esta mirada reactiva a una preventiva y proactiva», dice Ricardo Barra, académico de la Facultad de Ciencias Ambientales UdeC y director del centro EULA, quien insiste en que el déficit que hay sí se trabaja mediante la elaboración de los planes que exige la nueva norma.
Más allá de la coordinación y la colaboración entre públicos y privados, Barra cree que para que iniciativas tengan un efecto positivo será clave la voluntad política de las nuevas autoridades que lleguen luego de las elecciones regionales y municipales de octubre de 2024, figuras que tomarán la posta dejada por sus antecesores. Á eso suma un nuevo flanco: la capacidad municipal para desarrollar los planes, entendiendo las bajas capacidades humanas y materiales que sufren varios de los gobiernos locales del Biobío.
“Tenemos municipios a los que les faltará gente y capacidades para poder elaborar esos planes hacia el próximo año, pero ahí tiene que estar el aspecto colaborativo y la disposición de recursos (..) La OCDE, de hecho, nos dice que nosotros somos súper buenos para crear instituciones o nuevas estructuras, pero que falta dotarlas de recursos”, subraya el académico.
Desde esta misma facultad y el centro EULA, el profesor Octavio Rojas sostiene que la Región no está completamente preparada para enfrentar los desafíos que impone el cambio climático. Eso sí, reconoce que hay avances que tienen que ver con la identificación de impactos futuros de los eventos más extremos, donde el paso siguiente será establecer iniciativas, planes y estrategias que apunten a generar acciones de adaptación que reduzcan los efectos y disminuyan la vulnerabilidad de los diferentes actores y sectores económicos de la Región.
Este proceso, advierte, se encuentra en pleno desarrollo. Pone como ejemplo dos estudios que actualmente ejecuta el EULA: el Plan de Acción Regional de Cambio Climático en el Biobío, instancia licitada por la FAO, y el Estudio de infraestructura ecológica y riesgo de desastres bajo un escenario de cambio climático para la Provincia de Concepción, que licita la Seremi de Vivienda y Urbanismo y el Gobierno Regional. “Sin embargo, el efecto de las iniciativas que levanten los estudios no es inmediata y requerirá de recursos económicos, humanos y tecnológicos que permitan implementarlas”, puntualiza.
La apuesta del académico está en el rol de los municipios, “que tienen una incidencia muy importante en este nivel, pues conocen las necesidades y organizaciones presentes en el territorio”. Por eso afirma que los planes de acción climática que se elaboran en estos momentos tienen que considerar una base territorial sólida y un diagnóstico adecuado delas fortalezas y debilidades de cada zona. “El problema mayor se centra en los recursos orientados a financiar las iniciativas en su sentido más amplio. Podemos contar con un excelente plan, pero sin recursos no surtirá los efectos deseados a mediano y largo plazo, por lo que será clave la visión y el apoyo del gobierno central y de los gobiernos regionales”, enfatiza.
Fuente: REPORTAJES EL SUR CONCEPCIÓN 11-08-5
